Los “guardianes de los Tratados”

Josep Jover Padró

Una de las misiones del TJUE y sus magistrados es la de ser los guardianes jurídicos de los Tratados UE. Mientras no se modifiquen, son el texto básico de trabajo de sus sentencias, sentencias ejecutables inmediatamente en todos los estados, y por supuesto España (Stcia TC recurso de amparo núm. 1709-2013 de fecha 24-11-2015 donde se reconoce la prevalencia del Derecho Comunitario sobre el nacional). Los tratados internacionales que firmen la Comisión, Parlamento y Estados, están y estarán mirados desde la letra y la música de los Tratados UE, cuya última actualización se produjo como sabemos en Lisboa.

Mas los “guardianes de los Tratados” llevan desde hace un par de años, con mucha discreción, “plantando” una serie de sentencias que han redefinido y asegurado el campo en el que se juega la privacidad. Las reseñaremos brevemente, de más a menos reciente.

A) Sentencia de 19 de octubre 2016 asunto C-582/14 La dirección de protocolo de Internet dinámica de un usuario constituye, para el gestor del sitio, un dato personal cuando dicho gestor dispone de medios legales que le permitan identificar al usuario de que se trate gracias a la información suplementaria de que dispone el proveedor de acceso a Internet del usuario La dirección de protocolo de Internet dinámica de un usuario constituye, para el gestor del sitio, un dato personal cuando dicho gestor dispone de medios legales que le permitan identificar al usuario de que se trate gracias a la información suplementaria de que dispone el proveedor de acceso a Internet del usuario

B) Sentencia de 15 de septiembre de 2016 asunto C-484/14 El administrador de un comercio que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi no es responsable de las infracciones de los derechos de autor cometidas por un usuario No obstante, dicho administrador puede ser obligado a proteger su red mediante una contraseña para poner fin a esas infracciones o prevenirlas

C) Sentencia de 8 de septiembre La colocación de un hipervínculo en un sitio de Internet que remite a obras protegidas por los derechos de autor y publicadas sin la autorizaci

ón del autor en otro sitio de Internet no constituye una «comunicación al público» cuando la persona que coloca tal vínculo actúa sin ánimo de lucro y sin conocer la ilegalidad de la publicación de esas obras En cambio, si tales hipervínculos se proporcionan con ánimo de lucro, debe presumirse que se conoce el carácter ilegal de la publicación en el otro sitio de Internet

D) Sentencia de 7 de septiembre de 2016 en el asunto C-310/15 La venta de un ordenador equipado con programas preinstalados no constituye en cuanto tal una práctica comercial desleal. Además, la falta de indicación del precio de cada uno de los programas preinstalados no constituye una práctica comercial engañosa

E) Sentencia de 28 de julio de 2016, asunto C‑191/15, El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que el tratamiento de datos personales efectuado por una empresa de comercio electrónico se rige por el Derecho del Estado miembro al que dicha empresa dirige sus actividades si esa empresa efectúa el tratamiento de los datos en cuestión en el marco de las actividades de un establecimiento situado en un Estado miembro. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si ése es el caso.

F) Sentencia de 9 de junio de 2016, asunto C-470/14 La Directiva sobre derechos de autor se opone a que la compensación equitativa destinada a los autores por la copia privada de sus obras esté sometida a un sistema de financiación presupuestaria como el establecido en España En efecto, dicho sistema no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas

G) Sentencia de 6 de octubre de 2015, asunto C-362/14 (conocida como Safe Harbur), donde se declara POR SEGUNDA VEZ, inválida la Decisión de la Comisión que declaró que Estados Unidos garantiza un nivel adecuado de protección de los datos personales transferidos. La anterior Sentencia es la de 30 de Mayo de 2006, asuntos C-317/04 y C-318/04.

H) Sentencia de 1 de octubre de 2015, asunto C-230/14, donde se declara que la normativa de un Estado, en protección de datos, puede aplicarse a una sociedad extranjera que realice en ese estado una actividad real y efectiva mediante una instalación estable. Habla también esta sentencia de la necesaria diligencia en la cooperación entre autoridades de control de diversos estados.

I) Sentencia de 1 de octubre de 2015, asunto C-201/14, donde se declara que las personas cuyos datos personales son objeto de transmisión y tratamiento entre dos administraciones públicas, deben ser informadas de ello previamente. Esta Sentencia es un poco la madre del cordero, pues en ella se analiza el marco jurídico relativo al tratamiento de datos personales, la obligación como decimos de informar a los interesados, sus excepciones y limitaciones, y su aplicación al caso concreto de una transmisión por parte de una administración pública de un estado miembro, de datos fiscales personales para su tratamiento por parte de otra administración pública. En todo caso, estamos más bien con César Herrero (se enlaza su artículo in fine), cuando pondera su impacto y argumenta que “En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto”. La nueva ley de procedimiento administrativo, precisamente de 1 de octubre de 2015, da pie a dicha interpretación.

J) Sentencia de 11 de diciembre de 2014, asunto C-212/13, donde se declara que la Directiva sobre Protección de Datos Personales alcanza y se aplica a la grabación con una cámara de video instalada por una persona en una vivienda familiar y dirigida hacia la vía pública.

K) Sentencia de 13 de Mayo de 2014, asunto (C-131/12) (conocida como sentencia Google), donde se declara que el gestor de un motor de búsqueda en Internet, es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparezcan en las páginas web publicadas por terceros.

L) Sentencia de 8 de Abril de 2014, asuntos C-293/12 y C-594/12, donde se declara inválida la Directiva sobre conservación de datos, por constituir una injerencia de especial magnitud y especial gravedad sobre la privacidad de las personas.

En las anteriores sentencias, también es altamente recomendable la lectura del informe del Abogado General que intervino en los procedimientos. Y podríamos alargar la lista. No se han relacionado sentencias de derechos que podrían ser conexos con la privacidad, como el derecho a la imagen o al honor.

Para certificar esta relativa seguridad jurídica, podemos asumir con un moderado optimismo el contenido del nuevo Reglamento general de protección de datos recién aprobado (14 de abril de 2016), en tanto en cuanto, según la fuente http://www.europarl.europa.eu/, establece nuevas reglas que abarcan:

  • el derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales,

  • la necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales,

  • la “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios,

  • el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados,

  • lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y

  • multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.

A la vista de todo lo anterior, a estos juristas les corroe la malsana curiosidad de saber qué pasará con esos Tratados, como el TTIP, TISA o CETA, que entienden los datos personales como una herramienta de negocio (la “gasolina de internet”, lo llaman), y qué pasará, también, con los mecanismos de protección a usuario y consumidor que pretenden desarbolar, cuando choquen con los Tratados, y sobre todo, con sus “guardianes”.

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