José Antonio Gómez, director del Diario16, escribe un artículo sobre la trasposición de la Directiva 2019/1937, o Directiva Whistleblowers, en él comenta como la Directiva, nacida con la voluntad de proteger a los denunciantes de corrupción y así proteger también los intereses económicos del UE, se ve desvirtuada en su esencia por la trasposición hecha por los legisladores españoles.
Profundiza en aquellos aspectos que claramente se alejan de la Directiva europea, como la protección a todos los denunciantes, y no solo a aquellos que denuncien causas que se consideren graves o muy graves; y también la desprotección para aquellos que empleen canales no «oficiales», es decir aquellos que no son gestionados por la Autoridad Independiente de Protección del Informante dependiente del Ministerio de Justicia, hecho que contraviene la independencia y autonomía de los buzones, estipulado claramente en la Directiva 2019/1937.
Otro de los más llamativos aspectos de la ley traspuesta es el hecho que el denunciante puede ir a la cárcel, al no eliminar la responsabilidad penal de los denunciantes.
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